Procurador general calificó a William Dávila como irresponsable


4.jpgEl Ejecutivo regional, los organismos de seguridad del estado y los entes de la justicia ordinaria en el país delegados en la entidad merideña, actuaron apegados a lo que estipula la constitución nacional y las leyes en el caso de la alteración del orden público y agresiones que se registraron en Tucaní la semana pasada, cuando un grupo de personas atentó contra la familia del alcalde de la jurisdicción, Luis Omar Ditta.

Así lo aseguró el procurador general,  Juan Luis Suárez, tras la decisión del juez titular del Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal de Mérida, extensión El Vigía, autoridad que este domingo le otorgó libertad plena a Roque Ricardo Zerpa, uno de los imputados, al no considerar los elementos de convicción en su presunta responsabilidad por los delitos de homicidio frustrado, daños a la propiedad y violencia de género, dictaminando además a otro ciudadano implicado, la medida cautelar de presentación mensual.

La decisión del juzgado fue aprovechada por el diputado opositor William Dávila Barrios, quien declaró a los medios  informativos que “demandará” a la primera autoridad regional y al burgomaestre  del municipio Caracciolo Parra y Olmedo, porque en su opinión, la cual está fuera de lugar, “amedrentaron a la población para que no proteste”, lo que da a entender la conformidad de los dirigentes de derecha con guarimbas desestabilizadoras, en esta época electoral.

Suárez dijo que las declaraciones del vocero de la MUD, son irresponsables, y que las autoridades a las que él piensa demandar, actuaron con apego a la norma jurídica, ya que quienes fueron detenidos en medio de la investigación por actuar en contra de la familia de Ditta, tuvieron su derecho a la defensa.

“Como instituciones gubernamentales garantizamos la protesta legítima y cívica, más no permitiremos que atenten contra la vida y contra ninguna persona, así que este señor no puede pretender legitimar estas actuaciones vandálicas”, declaró.