El Ejecutivo
regional, los organismos de seguridad del estado y los entes de la justicia
ordinaria en el país delegados en la entidad merideña, actuaron apegados a lo
que estipula la constitución nacional y las leyes en el caso de la alteración
del orden público y agresiones que se registraron en Tucaní la semana pasada,
cuando un grupo de personas atentó contra la familia del alcalde de la jurisdicción,
Luis Omar Ditta.
Así lo aseguró el
procurador general, Juan Luis Suárez, tras
la decisión del juez titular del Tribunal Primero de Control del Circuito
Judicial Penal de Mérida, extensión El Vigía, autoridad que este domingo le
otorgó libertad plena a Roque Ricardo Zerpa, uno de los imputados, al no
considerar los elementos de convicción en su presunta responsabilidad por los
delitos de homicidio frustrado, daños a la propiedad y violencia de género,
dictaminando además a otro ciudadano implicado, la medida cautelar de
presentación mensual.
La decisión del
juzgado fue aprovechada por el diputado opositor William Dávila Barrios, quien
declaró a los medios informativos que
“demandará” a la primera autoridad regional y al burgomaestre del municipio Caracciolo Parra y Olmedo,
porque en su opinión, la cual está fuera de lugar, “amedrentaron a la población
para que no proteste”, lo que da a entender la conformidad de los dirigentes de
derecha con guarimbas desestabilizadoras, en esta época electoral.
Suárez dijo que las
declaraciones del vocero de la MUD, son irresponsables, y que las autoridades a
las que él piensa demandar, actuaron con apego a la norma jurídica, ya que
quienes fueron detenidos en medio de la investigación por actuar en contra de
la familia de Ditta, tuvieron su derecho a la defensa.
“Como instituciones gubernamentales garantizamos la
protesta legítima y cívica, más no permitiremos que atenten contra la vida y
contra ninguna persona, así que este señor no puede pretender legitimar estas
actuaciones vandálicas”, declaró.