La presidenta de la Comisión
de Tributos y Contraloría, Luz Mayeli Molina, informó que desde esa dependencia
instaron al alcalde del municipio Libertador, Léster Rodríguez Herrera, a tomar
medidas previendo la proximidad del vencimiento del contrato de servicio suscrito
con la empresa Urbaser. Muestra de ello, el informe enviado en fecha 18 de mayo
de 2012 donde la sindicatura le recomendó
la creación de un Instituto Municipal que pudiera ejercer dichas
funciones, siendo esta comunicación ignorada por la autoridad.
Tras el vencimiento del
contrato con Urbaser el 12 de junio de
2012, Rodríguez Herrera ha alegado diversos motivos que a su criterio le
impiden dar fiel cumplimento a esta labor que según la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal es de su exclusiva competencia.
Corpoelec
El alcalde alega que la Corporación Eléctrica
Nacional (Corpoelec) le adeuda el pago de los usuarios que se recauda a través
de su facturación; por su parte, representantes de la empresa estatal indican que
el monto pendiente por cancelar de parte de la municipalidad por concepto de servicio
eléctrico, supera la cantidad recaudada.
Sin embargo, el 12 de julio
de 2012 la sindicatura solicitó al alcalde su autorización para ejercer las
acciones pertinentes ante Corpoelec, venia que hasta la fecha no ha sido
concedida. Adicionalmente, Léster Rodríguez podría rescindir el contrato con la
estatal y continuar la recaudación de forma directa, tal y como hace con los
impuestos.
Urbaser
Señalaron los concejales, que
posterior al fenecimiento del contrato con Urbaser, sus bienes deben ser incorporados al erario municipal,
entre los que destacan siete camiones compactadores que permanecen aparcados en el depósito de Los
Higuerones, municipio Campo Elías.
De igual modo, la alcaldía debía
absorber a los 150 trabajadores de la empresa; sin embargo, ninguna de estas
acciones ha sido ejercida, por lo que el concejal Félix Barloil León considera “un capricho” de Rodríguez Herrera:
“Una vez que se rescinde el contrato, los bienes de Urbaser son del municipio
Libertador, pero el capricho del alcalde de no absorber a los 150 trabajadores
no ha permitido hacer uso de ellos”, afirmó.
Recursos
aprobados
La Cámara Municipal de
Libertador aprobó el 14 de enero de 2012 la cantidad de 14 millones 560 mil
bolívares para el manejo integral de los
desechos sólidos, dinero que debe administrase
en forma de dozavo; sin embargo, León agregó que la mala gerencia que
impera en el ayuntamiento redujo los recursos hasta el octavo mes.
La presidenta de la Cámara
Municipal, Consuelo Fernández, explicó que el único crédito que no ha sido
aprobado es por un monto de 15 millones, debido a que no han cumplido con los
recaudos necesarios: “Él no quiere acatar el presupuesto aprobado por la Cámara,
pretende continuar trabajando con un presupuesto reconducido, cree que aún es
el rector de la universidad”.
El presupuesto para el
ejercicio fiscal 2012 fue aprobado por la Cámara Municipal y publicado en
gaceta oficial extraordinaria N° 02, año IV en fecha 24 de enero de 2012 por un
monto de 170 millones 422 mil 484 bolívares con 71 céntimos. “No pueden aprobarse
recursos para un presupuesto reconducido, sería cometer ilícito cuando existe
una ordenanza de presupuesto”, puntualizó Fernández.
Decreto
de emergencia
El 11 de junio el alcalde
fue instado a revocar el decreto N° 003-2012 donde declaraba Emergencia Ambiental, en virtud de que no está facultado jurídicamente
para ejercer esta acción, siendo de exclusiva competencia del presidente de la república.
Según el concejal León este
decreto constituye una estrategia del burgomaestre para evadir los procedimientos
de contratación. “No existe en la actualidad una contratista que se encargue de
la recolección de los desechos sólidos, pues el alcalde no tomó la previsión.
“Contrató cinco camiones sin
la autorización de la Cámara Municipal, de los cuales sólo trabajan tres y
utilizan vehículos no aptos para la recolección”, situación que asevera el
problema de contaminación debido a que la descomposición anaeróbica de los desechos se esparce por toda la ciudad, enfatizó el
concejal.
“Estamos solicitando al
gobierno nacional el decreto de emergencia para tomar las riendas de este
problema”, finalizó.
Solventar
la crisis
El concejal encargado de la Comisión
de Servicios Públicos, Félix Rivas, indicó que el gobernador del estado Mérida,
Marcos Díaz Orellana, los alcaldes bolivarianos y el poder popular han tomado
acciones para la recolección de desechos dada la incompetencia municipal: “Mientras
el señor alcalde goza de los recursos de la municipalidad en una bahía
extranjera, nosotros estamos trabajando”.
A partir del
miércoles continúa el operativo en los sitios más abandonados, “porque lo poco
que recogen lo hacen en las grandes urbanizaciones”. Informó que la primera
jornada se realizó en la parroquia Jacinto Plaza, y aclaró que esta iniciativa permanecerá
mientras se solventa la crisis, pero el alcalde debe asumir su responsabilidad.