“Estas manifestaciones no tienen más que un fin político, existen grupos
de extrema derecha en Mérida, están plenamente identificados y salen a la calle
a disparar, a crear caos, andan buscando un muerto, y el pueblo es el que sale
perjudicado. Es el caso de Vilcar Hernández, para quien esperamos se libere
una orden de captura porque el pueblo de
Mérida rechaza la violencia y no puede estar de acuerdo con este tipo de
delincuencia, este es un azote de la
universidad.”.
“También denunciamos que los autores intelectuales de la violencia se
llaman Leopoldo López, María Corina Machado y todo ese sector reaccionario de
extrema derecha, que mientras ponen a los hijos del pueblo merideño como carne
de cañón, ellos direccionan desde el exterior y no asumen su responsabilidad. Nosotros
creemos en la democracia, somos profundamente democráticos, en un sistema de justicia, de igualdad, dignidad e
inclusión”, expresó Ramírez.
Agregó Sierralta, que también por instrucciones del presidente Maduro, no
será permitido ningún tipo de excesos
represivos bajo ningún concepto. “Esperamos que la cordura, la calma y la
sensatez formen parte de la conducta del común de los ciudadanos que conviven
en esta localidad y que cesen los hechos de violencia. Seguiremos investigando
y de ser necesario actuaremos con mucha contundencia con respecto a establecer
responsabilidades de algunas personas que vienen ocasionando daño al patrimonio
público y atacando a la fuerza pública con objetos contundentes y efectuando
disparos con armas de fuego. El Cicpc sigue realizando las experticias en
materia criminalística, a nivel balístico, inspecciones oculares y otras de orden
científico que informaremos a medida que avancemos”.
El director de Polimérida por su parte, indicó que la institución a su
cargo seguirá con el despliegue del Patrullaje Inteligente y el Patrullaje Especial de Seguridad Ciudadana
ante las alteraciones del orden público, cumpliendo con lo establecido en la
Constitución y las leyes, la doctrina primeramente del diálogo, la mediación y
el aislamiento de sectores para reducir la cobertura de la protesta violenta.
“El Estado garantiza el derecho a protestar pero de forma pacífica,
autorizada y sin perjudicar el derecho de los demás. Nuestro funcionario puesto
a la orden del Ministerio, asumió responsablemente el uso de las armas que el Estado
le ha dado para reprimir este tipo de acciones
y manifestaciones y en respuesta a disparos, bombas molotov y ataques violentos, pero serán los órganos
judiciales los que determinen si hubo exceso o no, si la represión fue abusiva
o no, él voluntariamente expuso el porqué usó los medios que cuenta para
defenderse”, dijo Saluzzo, para concluir que en las últimas protestas han
resultado seis funcionarios heridos con objetos contundentes y algunos escudos
partidos y quemados, de lo que también se hizo conocimiento de Ministerio
Público.
(OCI/Iliana Contreras).